La mayoría de las 55.000 piscinas comunitarias que hay en España han abierto ya o lo harán estos días. Una decisión que no ha estado exenta de retos, como son los gastos añadidos que conlleva o el control del aforo.

Este año, la primavera ha sido la cuarta más cálida desde 1965 y la previsión para el verano es que también nos traerá temperaturas más altas de lo habitual. Esta perspectiva convierte a las piscinas comunitarias, especialmente en localidades sin acceso al mar, en objeto de deseo. 

Tras el final del estado de alarma, las medidas exigidas para poder retomar la actividad son algo más suaves y el Colegio General de Administradores de Fincas afirma que “la mayoría” de las 55.000 piscinas que existen en España han abierto ya o lo harán “en esta primera quincena de julio”. 

La de Marcus es una de las que todavía está en duda. “Estaba previsto abrir el 1 de julio y sigue cerrada…”, relata este alicantino afincado en Madrid. En su caso, se muestra partidario de poder disfrutarla acatando todas las condiciones de uso, lo que incluye la reserva previa y la obligación de permanecer un tiempo máximo de 1 hora. Sin embargo, este tipo de decisiones corresponde siempre al propietario.

Las juntas del futuro 

Sin embargo, sí ha seguido el proceso al detalle a través de la información que le han proporcionado su casero y otros vecinos. En su comunidad la votación se ha llevado a cabo a través de un cuestionario que se envió a los propietarios por correo electrónico. 

La imposibilidad de celebrar juntas presenciales durante la cuarentena ha avivado el ingenio para encontrar fórmulas alternativas como este sistema de votación vía mail o las juntas telemáticas con herramientas de videollamada, explican desde la gestoría Mediterráneo, que administra más de 2.500 fincas en casi toda España. 

Alcanzar un acuerdo sobre la supresión de un servicio como el de la piscina requiere una mayoría de tres quintos, por lo que se hace imprescindible informar a los vecinos y valorar su opinión sobre una apertura no exenta de retos, que pasan por el desembolso adicional que puede conllevar o el control del aforo, limitado al 50% de la capacidad. 

Con la dificultad añadida de que en ocasiones las recomendaciones del Ministerio de Sanidad pueden diferir de la legislación de la comunidad autónoma de turno, recuerda la gestora.

 Limpieza y desinfección

Los gastos extraordinarios dependen del tamaño de la instalación y los servicios que la comunidad tenga contratados, por lo que acondicionar la piscina a los requerimientos post COVID-19 puede llegar a elevar hasta en unos miles de euros el presupuesto del año.

Uno de los factores que encarece la factura es el de las tareas de limpieza y desinfección. Para empezar, se debe controlar el agua varias veces al día para garantizar que los niveles de cloro están dentro de los límites establecidos. También podrían elevarse las horas de funcionamiento de la depuradora, que si bien no es necesario que esté en marcha las 24 horas del día, sí pueden ser más de las normales. Además, las instalaciones deben higienizarse al menos dos veces al día, con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños. 

¿A cuánto pueden ascender estas tareas? El precio medio de la labor de limpieza diaria para los dos meses de julio y agosto se sitúa en 900 euros, señalan desde la gestora. Aunque puede variar, como sucede en el caso de la piscina comunitaria de Madrid, donde se estimó en más de 1.500 euros.

Control del aforo

También eleva la derrama la gestión del aforo. Hay que tener en cuenta que en estos momentos ya no es obligatorio pedir cita previa o establecer turnos. Sin embargo, la capacidad está reducida al 50% por lo que se hace necesario un control de la afluencia y la permanencia, sobre todo en piscinas con muchos usuarios.

La distancia de seguridad es obligatoria, por lo que hay que sectorizar con una separación de 1,5 metros la zona de playa, es decir, la superficie contigua al vaso y dentro del vallado, y con 2 metros el suelo de la plataforma de la piscina, que hay que señalizar mediante pivotes o similar.

Esta es la partida más cara, de acuerdo con la empresa Mediterráneo, que señala que la contratación de un trabajador encargado de controlar el aforo puede ascender a unos 8.000 euros por temporada. Un sobrecoste previsto en unos 13.200 euros en la finca donde vive Marcus.

En total, abrir la piscina en esta comunidad, de unas 200 viviendas, se estimó en 15.500 euros en concepto de contratación de controlador del aforo, desinfección diaria, dotación de geles hidroalcohólicos, cartelería o mantener la depuradora funcionando 24 horas al día. 

La carga económica

Pensando en aliviar la carga económica, así como en agilizar la organización, se están lanzando apps con las que gestionar las peticiones de espacio y turno. La propia gestoría Mediterráneo ha incorporado a su app la funcionalidad para hacer reservas de la piscina u otras instalaciones comunes, con el objetivo de “proporcionar sin ningún coste añadido el servicio a los vecinos”, señala la directora de la oficina de esta empresa en Madrid, Cecilia de Juan

Pero el mayor ahorro procede, obviamente, del cierre de la piscina al no emplear el dinero presupuestado para esta partida al comienzo del ejercicio. 

¿Cómo puede proceder la comunidad en este caso? La compañía especializada en administración de fincas indica que en el momento en el que se haga el cierre del ejercicio, los propietarios decidirán qué hacer con el superávit, debiendo adoptarse el acuerdo según decisión de la mayoría. En este sentido, la asociación de consumidores OCU recomienda destinar el gasto no consumido a aumentar el fondo de reserva, pagar una derrama extraordinaria pendiente o incluso rebajar las cuotas ordinarias para 2021.  

¿Y los inquilinos?

En cuanto a los inquilinos, si bien no tienen poder de decisión, sí tienen derecho a usar las zonas comunes y puede que una de las razones de peso de alquilar una determinada vivienda sea el hecho de que tenga piscina, lo que también puede influir en la renta que pagan cada mes.  

Siempre que el uso de la piscina esté contemplado en el contrato cabría la posibilidad de reclamar una reducción de entre el 10% y el 20% del importe de las mensualidades afectadas por el cierre, según estima la OCU, ya que se podría considerar un incumplimiento parcial del contrato por parte del propietario.

“La organización considera ajustado a derecho que el arrendador acceda a una rebaja temporal de la renta a su inquilino por la falta de disponibilidad de ese elemento incluido en la vivienda alquilada”, detallan en una nota publicada en su web. 

Así las cosas, desde la gestora recuerdan que se trata de un asunto a resolver entre el propietario y su inquilino y aconsejan a las partes llegar a “un acuerdo razonable que puede consistir en la rebaja de la renta o en otra compensación”.

En su caso, Marcus descarta esta opción, que ve poco solidaria. “Tenemos que poner un granito de arena por el tiempo que nos ha tocado pasar con el virus. Por un año que no haya piscina no va a pasar nada y en ningún caso voy a aprovecharme de pedir que me rebajen el precio de la renta”, asegura.

Artículo publicado por Byzness