El Ministro de Hacienda calificó hace ya algunos días de "mantra" la subida del IVA cultural y defendió que lo que realmente se había incrementado es el coste de la asistencia al espectáculo. Y no le falta razón. El IVA es un impuesto sobre el consumo que, como tal, y salvo excepciones, no afecta a los diferentes operadores económicos que intervienen en cualquier sector de la economía, ya que lo trasladan o repercuten hasta el consumidor final que es quien finalmente lo acaba pagando al adquirir bienes o servicios. Se trata, en definitiva, del denominado principio de neutralidad. Desde esta perspectiva, es cierto que, en pura teoría, lo que se ha incrementado es el coste de las entradas, aunque como consecuencia, eso sí, del aumento del IVA.

Sin embargo, el tema no es tan sencillo ni el mercado es tan perfecto, ya que lo que en la realidad ha ocurrido es que la mayoría de las empresas vinculadas al sector de la cultura han mantenido sus precios asumiendo el aumento de IVA como mayor coste. Quienes por el contrario han decidido repercutir el impuesto al consumidor, se han visto obligados a incrementar el precio con el consiguiente efecto negativo en la cifra de ventas como consecuencia de la correspondiente caída del consumo. A ello hay que añadir el importante recorte de subvenciones que muchas empresas del sector están sufriendo con el consecuente impacto negativo en sus resultados. Ambas circunstancias están produciendo el cierre de empresas y el despido de trabajadores. Por otra parte, este aumento del IVA ha acrecentado también la diferencia entre las actividades culturales prestadas por una entidad pública, exentas del impuesto, y las prestadas por una entidad privada.

Se trata, en definitiva, de una modificación normativa con consecuencias negativas para un sector empresarial muy concreto. Ante tal situación, cabe preguntarse si el Parlamento puede aprobar medidas cuyas consecuencias sean sumir en una profunda crisis a un sector de nuestra economía, sea este cual sea. Sin duda, la medida no es técnicamente eficiente porque distorsiona el comportamiento de los operadores económicos y lleva aparejada un coste social importante. Es técnicamente imperfecta porque el mercado no permite que actúen los mecanismos legales que la norma prevé para garantizar la neutralidad del impuesto.

Se trata, por tanto, de una medida que lesiona los intereses privados y que plantea la posibilidad de exigir al Estado legislador su responsabilidad patrimonial por los efectos que conlleva y que en nada coinciden con los que corresponderían si el impuesto funcionara correctamente. La medida es todavía más preocupante si no se han previsto las acciones necesarias para paliar sus más que previsibles efectos negativos. En definitiva, un nuevo ejemplo de improvisación.

Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Presidente de la AEDAF
Profesor de la UPF

Fuente: Durán-Sindreu, abogados y consultores de empresa.