En el contexto actual de crisis, hay un tema que suele volverse común entre los propietarios dentro de una comunidad de vecinos: ¿qué pasa si no puedo abonar los gastos de la comunidad? Los gastos extra suponen una carga en nuestros bolsillos, sobre todo cuando se utilizan para cuestiones que no requieren demasiada urgencia. Durante la pandemia, se han tenido que sumar esfuerzos para invertir en cuidados extra para prevenir el contagio del virus, pero también se han priorizado las urgencias para que no deba haber derramas extraordinarias.
Según explica Mercedes Blanco, consejera delegada de Vecinos Felices: “estamos haciendo lo imposible para que el aumento de precios y la crisis no nos afecten en la liquidación final de gastos de las comunidades”. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el gasto medio por propietario en una comunidad de vecinos ronda en torno a los 1.000 euros, lo que incluye servicios básicos, mantenimiento de zonas comunes y pago de impuestos municipales.
“Todos ellos son de pago obligado, aunque cuando uno llega a vivir en un edificio se deben abonar también las cuotas de participación establecidas por cada vecino. Si a ello le sumamos los nuevos gastos por el covid-19 y la situación laboral de muchos de los propietarios, la situación se vuelve complicada”, finaliza Mercedes Blanco.
¿Cómo actúa la ley frente a una posible morosidad?
Para la ley de propiedad horizontal, está prohibido dejar de pagar las cuotas comunes, tanto ordinarias como extraordinarias, más allá de que no se utilicen elementos y servicios comunes. No existen exoneraciones ni excepciones: como tener cerrado el piso o local, no usar la calefacción central, la piscina o el ascensor, aunque sí se puede hacer uso del derecho de que todo funcione correctamente.
“Si nos encontramos con un vecino que no quiere o puede abonar los gastos de comunidad, la junta de propietarios puede reclamar por vía judicial la deuda, aprobando en una reunión previa la liquidación y la presentación de la demanda”, afirma Mercedes Blanco. Y agrega: “Si el propietario deudor continúa sin abonarlo, el procedimiento sigue su curso, realizándose una presentación judicial en la que se puede pedir hasta el embargo de los bienes.”.
En el caso de que se realicen obras pero no todos los propietarios estén de acuerdo, existen mecanismos para que los vecinos que no consideren oportunas esas mejoras no se vean obligados al pago de las mismas por el hecho de que una mayoría así lo decida.
Con respecto a la morosidad, y según los datos oficiales del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAE), antes de la pandemia, el 35% de las fincas tenía algún deudor entre sus filas. “A partir de ahora, se da por descontado que esta cifra crecerá hasta un 40%”.
“Los sobrecostes de los últimos meses incluyen los materiales necesarios para la desinfección general de los edificios: uso de mochilas pulverizadoras, geles dosificadores para pisos, alfombrillas desinfectantes, papelería informativa, toallas de papel individuales y cubos de basura para el material desechable”, comenta Mercedes Blanco.
Y finaliza: “entendemos que la situación es complicada y trabajamos en conjunto con las juntas de vecinos para tratar situaciones excepcionales y buscar la manera de reducir los costes. Sin duda ha sido un año muy complicado que dejará consecuencias a largo plazo en todos los sectores de la sociedad, incluido el nuestro”.
Fuente: Blog Idealista
