La falta de oferta de alquiler está aumentando el número de subarriendos de habitaciones por parte de los inquilinos y sin el consentimiento del propietario, tal y como denuncia la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Pero el verdadero problema viene cuando quienes lo hacen buscan en el subarriendo un negocio, que, además, no lo declaran. Desde la ANA apuestan por reforzar la solvencia de los inquilinos que van a ocupar las viviendas y penalizar estas prácticas en los contratos.

Según manifestaciones del letrado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, “los subarrendamientos de viviendas son muy difíciles de detectar y probar por los propietarios, detectándose normalmente por avisos de los conserjes o vecinos de las fincas”.

Las soluciones que propone la empresa pasan por reforzar la solvencia de los inquilinos que van a ocupar las viviendas, penalizar estas prácticas en los contratos o por cambios normativos para que los que realizan este tipo de conductas sean desalojados rápidamente.

 

Cómo actúa el propietario cuando conoce esta práctica ilegal

Cuando se detecta una situación de subarrendamiento, los arrendadores suelen actuar de tres maneras:

  • De manera amistosa, poniéndolo en conocimiento de los inquilinos que subarriendan las viviendas para que dejen de hacerlo; aunque esta manera de actuar no suele funcionar y  provoca que los inquilinos que cometen estas prácticas sigan haciéndolo, pero sean más cautelosos para que no les detecten.
  • De manera resolutiva, iniciando los trámites judiciales oportunos para resolver los arrendamientos por subarrendamiento inconsentido.
  • De manera permisiva, dando autorización, normalmente de forma tácita, al subarrendamiento existente en la vivienda, o incluso,  incorporando a los subarrendatarios en el arrendamiento, como coarrendatarios junto con el inquilino que ha subarrendado.

El problema que tiene el subarrendamiento inconsentido, es que como los propietarios siguen cobrando las rentas no suelen iniciar la vía resolutoria, que sería la mejor opción, para resolver los arrendamientos, y consienten tácitamente los subarrendamientos. Estos suelen hacerlo por dos motivos. El primer motivo es porque presumen que el inicio de la acción de resolución para resolver el arrendamiento llevaría aparejada también que se dejaran de pagar las rentas, y muchos arrendadores cuentan con estas rentas para hacer frente a otros pagos y por ello consienten. El segundo motivo es porque los procedimientos judiciales para resolver los arrendamientos y recuperar las viviendas, en casos de subarrendamientos inconsentidos, son muy largos al ser procedimientos ordinarios, y por tanto, mucho más lentos que los ya lentos juicios de desahucio.

Qué hacer para evitar el subarrendamiento de habitaciones ilegal

Desde la ANA recomiendan establecer en los contratos penalizaciones económicas para que los inquilinos que pretendan cometer este tipo de prácticas ilegales sepan las consecuencias económicas a las que se van a enfrentar si las cometen. Pero Zurdo alerta de que hay que tener mucho cuidado con el importe que se fije para estas penalizaciones, con el fin de que no se puedan considerar abusivas; ahora bien, en el caso de inquilinos insolventes, estas penalizaciones no tendrían ninguna fuerza intimidatoria.

Para evitar que las penalizaciones carezcan de fuerza intimidatoria, la única solución posible es la de reforzar la búsqueda de inquilinos solventes, aunque para ello hubiera que ofrecer precios más competitivos a la hora de alquilar las viviendas. “Decimos esto porque cuando los inquilinos que ocupan las viviendas son solventes, no entran en el juego de que se les puedan embargar sus salarios por cometer este tipo de prácticas ilegales”, señalan desde ANA.

José Ramón Zurdo señala que “es cierto que algunos asesores inmobiliarios aconsejan a los propietarios no hacer nada en estos casos mientras sigan cobrando las rentas y no tengan perjuicios económicos, pero no parece la mejor solución porque nunca van a poder controlar quienes son las personas que habitan sus viviendas y que es lo que hacen dentro de ellas”.

Otra solución podría ser normativa y consistiría en modificar la Ley de Enjuiciamiento civil para que la tramitación de estos procedimientos fuera sumarísima y así evitar que los inquilinos subarrienden las viviendas para conseguir un beneficio económico alquilando habitaciones. También otra opción sería el dotar a los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado de los mecanismos suficientes para que, en estos casos, pudieran actuar directamente sin autorización judicial.

 

Fuente: Idealista News